Proyecto de Ley de Educación Superior

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Hace cuatro años, la Comisión de Educación de ésta Honorable Cámara se abocó a la reforma de la Ley de Educación Superior. Para ello dispuso la creación de una Subcomisión de Educación Superior con el objetivo de avanzar en el proceso de reforma. El Diputado Nacional (m.c.), Dr. Juan Carlos Farizano, presidió la misma logrando consensuar con la mayoría de los actores vinculados al sistema universitario nacional este proyecto de Ley. La crisis de diciembre de 2001 dejó sin efecto la aprobación en comisión del mismo que actualmente perdió estado parlamentario. 

A sabiendas de la importante tarea realizada en su momento es que venimos a representar el proyecto habiendo introducido nuevas modificaciones a los efectos de apuntalar el esquema original.

La educación superior en los últimos años ha experimentado significativas transformaciones. El creciente número de estudiantes y su heterogeneidad; la multiplicación de sus esferas de actividad; la variedad de instituciones con fines, funciones y prioridades diferentes, son parte de las nuevas exigencias y desafíos a los que se enfrenta la educación superior. Entrados en el siglo XXI es necesario contar con una educación superior inclusiva que asuma “un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente”.

Sin duda nuestro país requiere instituciones académicas que promuevan la formación de ciudadanos libres, con firmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad democrática, de calidad. El desafío supone, además, ampliar las fronteras del conocimiento, interactuando con el sector productivo y el Estado y promoviendo procesos de innovación científica y tecnológica.

Este proyecto de Ley de Educación Superior busca afianzar la política universitaria, actualizando los proyectos institucionales y el compromiso de la universidad con la sociedad e impulsando la articulación entre las diversas modalidades de educación superior. Para ello, se promueve la progresiva organización por ciclos que faciliten el diseño de contenidos básicos disciplinares comunes por familias de carreras junto con la posibilidad de construir un sistema de créditos de grado y postgrado, para estimular la articulación del sistema. Asimismo, la Ley permite mejorar las condiciones y estrategias institucionales para facilitar el tránsito del nivel medio a la universidad, los procesos de aprendizaje, la calidad de la formación, el progreso en los estudios y la graduación.

Luego de diez años de promulgada la Ley 24.521, es importante reelaborar el instrumento legal capaz de contribuir y sustentar un proceso de transformación en las instituciones de la educación superior y actualizar la mirada sobre el sistema. El objetivo fue elaborar un nuevo instrumento legal capaz de contribuir y sustentar un proceso de transformación en las instituciones superiores.

La crisis que atravesamos nos pone, ahora más que nunca, de cara al problema de la formación superior en un mundo donde el saber es la principal fuente de riqueza, donde ya no basta el haber logrado la universalización de la educación básica y donde, si la mayoría de la población no accede a niveles cada vez más altos de educación, no se concibe el real ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos.

La Educación Superior debe constituirse en un sistema integrado y flexible. Se necesita crear mecanismos eficientes de coordinación y planificación estratégica que permitan articular el sistema para garantizar un tránsito vertical y horizontal, fluido y sin obstáculos de los estudiantes a su interior. De esta manera se facilita la inserción, permanencia y egreso en las universidades e institutos, disminuyendo los  altísimos niveles de deserción actual.

Ello no implica desconocer la necesidad de asegurar por presupuesto público los recursos para la educación superior. Todo lo contrario. La Ley de Educación Superior será un instrumento fundamental en la medida que permita, y no obstruya, el cambio y, en el marco del respeto por la autonomía, establezca los objetivos de la política educativa como parte principal del proyecto nacional, misión propia del Estado democrático.

Es fácilmente observable el dramático olvido que ha tenido la Educación, y en particular la del nivel Superior en nuestro país, a través de sencillas proyecciones históricas y comparaciones internacionales.

En el año 1996, el presupuesto de la UBA, la universidad nacional más grande, era de $274 millones. En el año 2004 fue de $327 millones. Un aumento de tan solo el 18% nominal. Si lo medimos en términos reales, con la devaluación e inflación del año 2002, la caída es mayor al 20%.

Para comprobar el abandono desde otra óptica, en el mismo período (1996-2004), la cantidad de alumnos de dicha universidad pasó de 183.000 a 325.000, es decir un incremento del 80 por ciento y los docentes pasaron de 21.600 a 31.800, una suba del 47% (y que debería haber sido similar al incremento en la matrícula para mantener la calidad de la enseñanza, algo imposible en el contexto de este ahogo presupuestario).

¿Es posible lograr el necesario desarrollo de los ciudadanos de nuestro país bajo estos parámetros?. El órgano de gobierno de la referida casa de estudios, calculó que, para pode realizar un mínimo programa de “recomposición de la emergencia”, consistente en las actualizaciones edilicias imprescindibles, recomposiciones salariales e incrementos y mejoras de cargos docentes y becas para alumnos, requeriría un presupuesto de $850 millones para el presente año. El Estado Nacional le asigna menos de la mitad.

En síntesis, los actuales niveles de presupuesto no garantizan siquiera el funcionamiento mínimo de las Universidades Nacionales. Resulta imperiosa la modificación de los montos presupuestarios correspondientes a Educación, única forma de colocar a esta principal herramienta que disponen las sociedades para lograr mejores  índices de desarrollo humano, brindar condiciones más dignas a sus habitantes e insertarse plenamente en un mundo de permanentes cambios y desafíos.

El presente proyecto intenta reflejar con coherencia estas ideas, encarando la reforma general de la Ley para lograr un rediseño del sistema con financiamiento que apunte a convertirlo en una red de redes capaz de contener, sin fragmentarse, al complejo conjunto de elementos que la conforman. Es por ello que pretendemos una  Ley  clara, coherente, amplia, flexible y respetuosa de la autonomía, que incluya en un marco común a la educación superior.

AUTORA: ALICIA TATE