Durante décadas la dirigencia política ha prometido, debatido y nunca concluido, la reforma que devuelva a la política la credibilidad que la falta de transparencia ha generado en la ciudadanía.
En pocos días los ciudadanos de la Pcia de Santa Fe, deberán votar en una interna abierta por imperio de una ley, que si bien reemplazó a la nefasta y tramposa Ley de Lemas, adolece de tantas imperfecciones y cuestionamientos (hasta el de su propia constitucionalidad) que la colocan muy lejos de la ley ideal. Y si bien sus defectos fueron señalados por quienes hoy constituyen el Gobierno provincial, nada se ha hecho para reemplazarla por una mejor ley.
Durante las gobernaciones justicialistas en la Provincia de Santa Fe, asistimos a permanentes mutaciones en los regímenes electorales, en las fechas de elecciones provinciales, municipales o comunales, en la forma y/o color de las boletas, en la decisión de si éstas irán juntas o separadas, todo ello a medida y conveniencia del oficialismo.
Asimismo, ha sido una práctica reiterada el uso y abuso de las estructuras estatales para la apoyatura de los candidatos oficialistas.
Estos hábitos, sin lugar a dudas, constituyen vicios de nuestra cultura política que se mantienen a pesar del cambio de signo político en el Gobierno provincial y en los municipales o comunales, que debemos erradicar definitivamente por diversas razones.
Entre ellas la injusticia de la desventaja que se establece para todos aquellos que siendo opositores, no cuentan con la estructura estatal para promover sus propuestas, lo que los coloca en evidente inferioridad de condiciones alterando el principio de igualdad de oportunidades.
Propuestas diversas, anuncio de obras que despiertan dudas sobre su concreción, contratos, “becas de estudio” o promesas de las mismas, inauguraciones varias, cortes de cintas y campañas publicitarias faraónicas de candidatos oficialistas que jamás podrían solventarlas por si mismos, integran el amplio esfuerzo estatal en estas elecciones provinciales y municipales en pos de la instalación de sus candidatos.
La consecuencia de ello es el descrédito de las instituciones y de los funcionarios que la integran ante una sociedad apabullada por las manipulaciones.
Durante mi larga trayectoria como militante de la Unión Cívica Radical me opuse a su sanción y luego reclamé la derogación de la ley de lemas y exigí a viva voz el control en los gastos de campaña y en el uso de los recursos del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
Luego, cumpliendo mi mandato como diputada provincial por la Unión Cívica Radical, impulsé desde mi bloque un proyecto electoral alternativo a la ley de lemas y presenté también, un proyecto de ley estableciendo que todos los funcionarios que ocuparan cargos políticos, electivos o por designación, en el Poder Ejecutivo Provincial o en los Departamentos Ejecutivos Municipales y que se postularan como candidatos, deberían cesar en sus funciones noventa días antes del acto eleccionario, permitiendo a su vez que dicha exigencia pudiera concretarse por una solicitud de licencia sin goce de sueldo. El objetivo, en este último proyecto, era evitar que los recursos estatales tengan como destino las campañas electorales.
Si tenemos verdadera voluntad de que la administración de la cosa pública sea transparente, no podemos repetir metodologías reprobables que han llevado al descrédito –frente a buena parte de la ciudadanía- a gobiernos anteriores y motivaron a la mayoría de los santafesinos a votar por un cambio de políticas que privilegien las necesidades de la gente, por sobre las conveniencias electorales del gobierno de turno. Esta es una deuda aun pendiente.
Fuente: Entrevista del Diario El Litoral 2009. Alicia Tate
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